Notas de prensa

Opinión sobre proyecto de ley del Ejecutivo referido a las Asociaciones Público-Privadas

El viernes 11 de enero de 2008, el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº 2046/2007-PE - "Ley Marco de Asociaciones Público Privadas para la Generación de Empleo Productivo", para su tramitación y eventual aprobación, con el carácter de urgente.

Hugo Morote, Socio de ROSSELLÓ Abogados, sostuvo que una Asociación Público Privada (APP) es aquella donde el Estado y el sector privado se ponen de acuerdo para desarrollar juntos un determinado proyecto, con responsabilidades y riesgos para cada uno. Sin embargo, afirmó que en el referido proyecto de ley se propone entender una APP como aquella en donde existe "una distribución de riesgos y recursos preferentemente privados"; es decir, se le transfieren todos (o la mayoría de) los riesgos al inversionista privado.

El especialista en Concesiones de Infraestructura y de Servicios Públicos, aseguró que este proyecto de ley convertiría al Ministerio de Economía en el eje principal del proceso de promoción privada, pues se requiere su opinión previa favorable para todo, desde la preparación del primer diseño de un proyecto, pasando por los contratos en que quede reflejado el mismo, hasta para la modificación de los mismos. Si a ello se suma que serán los sectores los que elaboren el análisis inicial de los proyectos, sin que para ello se requiera la intervención de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), ésta última prácticamente perdería el rol de originador y conductor de procesos de inversión privada para convertirse en una mesa de partes o un simple asesor perdiéndose, además, toda la experiencia ganada en estos años.

No obstante reconocer la preocupación del MEF en el objetivo de mantener el equilibrio presupuestal, señaló que este proyecto no puede darle a esta cartera todas las decisiones respecto del proceso de promoción de la inversión privada. Añadió que el proyecto no sigue la línea del discurso del Presidente de la República, Alan García, ni del premier, Jorge del Castillo, quienes en reiteradas oportunidades se han pronunciado a favor de la inversión privada.

TRABAS

A su turno, Miguel Sánchez-Moreno, Asociado Senior de la Firma, manifestó que este proyecto de ley incorpora a varios organismos públicos (ministerios, MEF, organismos reguladores,) como parte importante en la aprobación de la APP, lo cual desincentivaría la inversión. En lugar de simplificar y abreviar los procesos para el diseño y aprobación de proyectos, la posible norma pretende incluir más dependencias públicas cuya intervención previa, necesaria y decisoria demoraría y dificultaría más estos procesos. Refirió que actualmente un proyecto autosostenible, desde su identificación, diseño, concurso y hasta la suscripción del respectivo contrato, demora un año en promedio, mientras que uno cofinanciado tarda dos años; si el proyecto de ley llegara a concretarse, al contar con más entidades, el proceso tomaría más tiempo.

Sánchez-Moreno advirtió que la propuesta del Ejecutivo plantea que, los procesos de promoción de inversión privada que ahora pueden desarrollar las regiones, los municipios o PROINVERSIÓN -cuando se trata de proyectos de alcance nacional-, estén a cargo de los propios sectores (ministerios), lo cual atentaría contra la competencia de los Gobiernos Regionales y Locales y sería contraproducente porque los sectores no tienen la especialidad que exige el diseño de estos procesos, como si lo tiene la agencia promotora. Además señaló que "la actual legislación faculta a los gobiernos regionales y municipales a desarrollar de manera autónoma sus proyectos de inversión, pero con esta propuesta se verían obligados a pedir opiniones a estas instituciones (el sector, el MEF, el organismo regulador), con lo cual los procesos se harán más largos y, probablemente, muchos proyectos se desecharían", manifestó.

Sobre este aspecto, el Dr. Morote sostuvo que es complicado darle a un funcionario público, que tiene una visión distinta, la tarea de promover la inversión privada. "PROINVERSIÓN tiene 16 años de experiencia en promover la inversión, y no es posible que ahora pretendamos inventar la pólvora en cada ministerio, pidiendo que cada uno se ocupe de esa labor dado que ello tomaría tiempo, sería muy costoso organizar una oficina de este tipo en cada sector (burocracia), además de perderse toda la experiencia acumulada en PROINVERSIÓN", agregó.

Asimismo, el Dr. Sánchez-Moreno anotó que la norma señala que si las garantías no financieras (aquel aporte del Estado para hacer rentable el proyecto) tienen una probabilidad importante de ser ejecutada en los proyectos autosostenibles, estos dejarían de serlo y se convertirían en un proyecto cofinanciado. "La gran mayoría de los proyectos desarrollados hasta la fecha serían calificados como cofinanciados, dado que en ellos existen diversas garantías no financieras del Estado (como garantías de tráfico de demanda, de costos para expropiaciones, por riesgos geológicos, entre otras) por lo que, si se realizaran después de que el proyecto se convierta en ley vigente, en ellos siempre habría una intervención decisoria del MEF.

También advirtieron que el proyecto de ley elimina la posibilidad de que un inversionista privado presente una iniciativa privada para el desarrollo de un proyecto cofinanciado; es decir, para un proyecto en donde son necesarios mayores compromisos y responsabilidades (financieras) del Estado. Aclararon que la actual legislación si permite presentar iniciativas privadas para proyectos cofinanciados, siempre que el proyecto en cuestión pase por el filtro del SNIP y obtenga la aprobación del MEF, para poder ser ejecutada; además, la presentación de una iniciativa privada no obliga al Estado a aceptarla.

Si lo que se pretende es reducir la brecha en infraestructura para generar riqueza y competetividad, hace falta la mayor cantidad de proyectos, ya sean originados en el Estado o por particulares (iniciativa privada) y ya sean sobre proyectos autosostenibles o cofinanciados. No se debe, por el mérito de una ley, prohibir a los privados la formulación de iniciativas privadas cofinanciadas, como propone el proyecto de Ley, disminuye la posibilidad de generar la mayor cantidad de proyectos, no ayuda a cerrar la brecha ni a incrementar la competitividad. No existe argumento válido para descartar de antemano las Iniciativas Privadas por el sólo hecho de ser cofinanciadas, éstas, en todos los casos, deben ser evaluadas técnica, económica y socialmente y recién luego de ello, tomar la decisión respecto de la posibilidad de un cofinanciamiento.

PROPUESTAS

En otro momento, Pierre Nalvarte, Asociado de ROSSELLÓ Abogados, señaló que se debería agilizar la creación y funcionamiento de los fideicomisos derivados de las APP. "Actualmente se cuenta con fondos superiores a los US$100 millones que no pueden ser utilizados para mejorar la infraestructura del país", arguyó.

En ese sentido, propuso fortalecer la labor de PROINVERSIÓN con el objetivo de impulsar las APP. No es conveniente encargar a los ministerios el diseño de las APP porque sus funcionarios ven a las APP como un riesgo para sus puestos de trabajo, mencionó.

Asimismo, consideró que se debe precisar que el cofinanciamiento puede ser mediante aportes en especie y no sólo en dinero (terrenos, bienes, etc.).